Tipos de asociaciones sindicales. Afiliación y desafiliación.
Estatutos. Dirección y administración. Asambleas o congresos. Inscripción.
Derechos y obligaciones de las asociaciones sindicales. Asociaciones sindicales
con personería gremial. Federaciones y confederaciones. Representación sindical
en la empresa. Tutela sindical. Prácticas desleales.
Autoridad de aplicación.
LEY Nº 23.551
Sancionada: Marzo 23 de 1988
Promulgada: Abril 14 de 1988
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO,
ETC., SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:
TITULO PRELIMINAR
De la tutela de la libertad sindical
Artículo
1° — La libertad sindical será garantizada
por todas las normas que se refieren a la organización y acción de las
asociaciones sindicales.
Artículo 2°
— Las asociaciones que tengan por objeto la
defensa de los intereses de los trabajadores se regirán por esta Ley.
Artículo 3°
— Entiéndese por interés de los trabajadores
todo cuanto se relacione con sus condiciones de vida y de trabajo. La acción
sindical contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización
plena del trabajador.
Artículo 4°
— Los trabajadores tienen los siguientes
derechos sindicales:
a) Constituir libremente y sin necesidad de autorización
previa, asociaciones sindicales;
b) Afiliarse a las ya constituidas, no afiliarse o
desafiliarse;
c) Reunirse y desarrollar actividades sindicales;
d) Peticionar ante las autoridades y los empleadores;
e) Participar en la vida interna de las asociaciones
sindicales, elegir libremente a sus representantes, ser elegidos y postular
candidatos.
Artículo 5°
— Las asociaciones sindicales tienen los
siguientes derechos:
a) Determinar su nombre, no pudiendo utilizar los ya adoptados
ni aquellos que pudieran inducir a error o confusión;
b) Determinar su objeto, ámbito de representación personal y de
actuación territorial;
c) Adoptar el tipo de organización que estimen apropiado,
aprobar sus estatutos y constituir asociaciones de grado superior, afiliarse a
las ya constituidas o desafiliarse;
d) Formular su programa de acción, y realizar todas las
actividades lícitas en defensa del interés de los trabajadores. En especial,
ejercer el derecho a negociar colectivamente, el de participar, el de huelga y
el de adoptar demás medidas legítimas de acción sindical.
Artículo 6°
— Los poderes públicos y en especial la
autoridad administrativa del trabajo, los empleadores y sus asociaciones y toda
persona física o jurídica deberán abstenerse de limitar la autonomía de las
asociaciones sindicales, más allá de lo establecido en la legislación
vigente.
Artículo 7°
— Las asociaciones sindicales no podrán
establecer diferencias por razones ideológicas, políticas, sociales, de credo,
nacionalidad, raza o sexo, debiendo abstenerse de dar un trato discriminatorio a
los afiliados.
Lo dispuesto regirá también respecto de la relación entre una
asociación de grado superior y otra de grado inferior.
Artículo 8°
— Las asociaciones sindicales garantizarán la
efectiva democracia interna. Sus estatutos deberán garantizar:
a) Una fluida comunicación entre los órganos internos de la
asociación y sus afiliados;
b) Que los delegados a los órganos deliberativos obren con
mandato de sus representados y les informen luego de su gestión;
c) La efectiva participación de todos los afiliados en la vida
de la asociación, garantizando la elección directa de los cuerpos directivos en
los sindicatos locales y seccionales;
d) La representación de las minorías en los cuerpos
deliberativos.
Artículo 9°
— Las asociaciones sindicales no podrán recibir
ayuda económica de empleadores, ni de organismos políticos nacionales o
extranjeros.
Esta prohibición no alcanza a los aportes que los empleadores
efectúen en virtud de normas legales o convencionales.
I. — De los tipos de asociaciones sindicales
Artículo 10.
— Se considerarán asociaciones sindicales de
trabajadores las constituidas por:
a) Trabajadores de una misma actividad o actividades afines;
b) Trabajadores de un mismo oficio, profesión o categoría,
aunque se desempeñen en actividades distintas;
c) Trabajadores que presten servicios en una misma empresa.
Artículo 11.
— Las asociaciones sindicales pueden asumir
algunas de las siguientes formas:
a) Sindicatos o uniones;
b) Federaciones, cuando agrupen asociaciones de primer grado;
c) Confederaciones, cuando agrupen a las asociaciones
contempladas en los incisos que preceden a éste.
II. — De la afiliación y desafiliación
Artículo12.
— Las asociaciones sindicales deberán admitir
la libre afiliación, de acuerdo a esta ley y a sus estatutos, los que deberá
conformarse a la misma.
Artículo 13.
— Las personas mayores de dieciséis (16) años,
sin necesidad de autorización, podrán afiliarse.
(Artículo sustituido por art. 21 de la
Ley
N° 26.390 B.O. 25/6/2008)
Artículo 14.
— En caso de jubilación, accidente,
enfermedad, invalidez, desocupación o servicio militar, los afiliados no
perderán por esas circunstancias el derecho de pertenecer a la asociación
respectiva, pero gozarán de los derechos y estarán sujetos a las obligaciones
que el estatuto establezca.
Artículo 15.
— El trabajador que dejare de pertenecer a una
asociación sindical no tendrá derecho al reintegro de las cuotas o aportes
abonados. Lo dispuesto será aplicable a las relaciones entre asociaciones de
diverso grado.
III. — De los estatutos
Artículo 16.
— Los estatutos deberán ajustarse a lo
establecido en el artículo 8° y contener:
a) Denominación, domicilio, objeto y zona de actuación;
b) Actividad, oficio, profesión o categoría de los trabajadores
que represente;
c) Derechos y obligaciones de los afiliados, requisitos para su
admisión y procedimiento para su separación que garanticen el derecho de
defensa.
d) Determinación de las autoridades y especificación de sus
funciones con indicación de las que ejerzan su representación legal, duración de
los mandatos, recaudos para su revocación y procedimientos para la designación y
reemplazos de los directivos e integrantes de los congresos;
e) Modo de constitución, administración y control del
patrimonio social y su destino en caso de disolución y régimen de cotizaciones
de sus afiliados y contribuciones;
f) Epoca y forma de presentación, aprobación y publicación de
memorias y balances; órganos para su revisión y fiscalización;
g) Régimen electoral que asegure la democracia interna de
acuerdo con los principios de la presente ley, no pudiendo contener como
exigencia para presentar listas de candidatos a órganos asociacionales, avales
que superen el tres por ciento (3%) de sus afiliados;
h) Régimen de convocatoria y funcionamiento de asambleas, y
congresos;
i) Procedimiento para disponer medidas legítimas de acción
sindical;
j) Procedimiento para la modificación de los estatutos y
disolución de la asociación.
IV. — Dirección y administración
Artículo 17.
— La dirección y administración serán
ejercidas por un órgano compuesto por un mínimo de cinco (5) miembros, elegidos
en forma que asegure la voluntad de la mayoría de los afiliados o delegados
congresales mediante el voto directo y secreto.
Los mandatos no podrán exceder de cuatro (4) años, teniendo
derecho a ser reelegidos.
Artículo 18.
— Para integrar los órganos directivos, se
requerirá:
a) Mayoría de edad;
b) No tener inhibiciones civiles ni penales;
c) Estar afiliado/a, tener dos (2) años de antigüedad en la
afiliación y encontrarse desempeñando la actividad durante dos (2) años.
El setenta y cinco por ciento (75%) de los cargos directivos y
representativos deberán ser desempeñados por ciudadanos/as argentinos, el/la
titular del cargo de mayor jerarquía y su reemplazante estatutario deberán ser
ciudadanos/as argentinos.
La representación femenina en los cargos electivos y
representativos de las asociaciones sindicales será de un mínimo del 30%
(treinta por ciento), cuando el número de mujeres alcance o supere ese
porcentual sobre el total de los trabajadores.
Cuando la cantidad de trabajadoras no alcanzare el 30% del
total de trabajadores, el cupo para cubrir la participación femenina en las
listas de candidatos y su representación en los cargos electivos y
representativos de la asociación sindical, será proporcional a esa cantidad.
Asimismo, las listas que se presenten deberán incluir mujeres
en esos porcentuales mínimos y en lugares que posibiliten su elección.
No podrá oficializarse ninguna lista que no cumpla con los
requisitos estipulados en este artículo.
(Artículo sustituido por art. 3° de la
Ley
N° 25.674 B.O. 29/11/2002).
V. — De las asambleas y congresos
Artículo 19.
— Las asambleas y congresos deberán reunirse:
a) En sesión ordinaria, anualmente;
b) En sesión extraordinaria, cuando los convoque el órgano
directivo de la asociación por propia decisión o a solicitud del número de
afiliados o delegados congresales que fije el estatuto, el que no podrá ser
superior al quince por ciento (15%) en asamblea de afiliados y al treinta y tres
por ciento (33%) en asamblea de delegados congresales.
Artículo 20.
— Será privativo de las asambleas o congresos:
a) Fijar criterios generales de actuación;
b) Considerar los anteproyectos de convenciones colectivas de
trabajo;
c) Aprobar y modificar los estatutos, memorias y balances; la
fusión con otras asociaciones, afiliación o desafiliación a asociaciones,
nacionales o internacionales;
d) Dar mandato a los delegados a congresos de asociaciones de
grado superior y recibir el informe de su desempeño;
e) Fijar el monto de las cotizaciones ordinarias y
extraordinarias de los afiliados.
VI. — De la inscripción
Artículo 21.
— Las asociaciones presentarán ante la
autoridad administrativa del trabajo solicitud de inscripción haciendo constar:
a) Nombre, domicilio, patrimonio y antecedentes de su
fundación;
b) Lista de afiliados;
c) Nómina y nacionalidad de los integrantes de su organismo
directivo;
d) Estatutos.
Artículo 22.
— Cumplidos los recaudos del artículo
anterior, la autoridad administrativa del trabajo, dentro de los noventa (90)
días de presentada la solicitud, dispondrá la inscripción en el registro
especial y la publicación, sin cargo, de la resolución que autorice la
inscripción y extracto de los estatutos en el Boletín Oficial.
VII. — De las derechos y obligaciones de las asociaciones
sindicales
Artículo 23.
— La asociación a partir de su inscripción,
adquirirá personería jurídica y tendrá los siguientes derechos:
a) Peticionar y representar, a solicitud de parte, los
intereses individuales de sus afiliados;
b) Representar los intereses colectivos, cuando no hubiere en
la misma actividad o categoría asociación con personería gremial;
c) Promover:
1º La formación de sociedades cooperativas y mutuales.
2º El perfeccionamiento de la legislación laboral, previsional
de seguridad social.
3º La educación general y la formación profesional de los
trabajadores;
d) Imponer cotizaciones a sus afiliados;
e) Realizar reuniones o asambleas sin necesidad de autorización
previa
Artículo 24.
— Las asociaciones sindicales están obligadas
a remitir o comunicar a la autoridad administrativa del trabajo:
a) Los estatutos y sus modificaciones a los efectos de control
de la legislación;
b) La integración de los órganos directivos y sus
modificaciones;
c) Dentro de los ciento veinte (120) días de cerrado el
ejercicio, copia autenticada de la memoria, balance y nómina de afiliados;
d) La convocatoria a elecciones para la renovación de sus
órganos en los plazos estatutarios;
e) Los libros de contabilidad y registros de afiliados a
efectos de su rubricación.
VIII. — De las asociaciones sindicales con personería
gremial
Artículo 25.
— La asociación que en su ámbito territorial y
personal de actuación sea la más representativa, obtendrá personería gremial,
siempre que cumpla los siguientes requisitos:
a) Se encuentre inscripta de acuerdo a lo prescripto en esta
ley y haya actuado durante un período no menor de seis (6) meses;
b) Afilie a más de veinte por ciento (20%) de los trabajadores
que intente representar.
c) La calificación de más representativa se atribuirá a la
asociación que cuente con mayor número promedio de afiliados cotizantes, sobre
la cantidad promedio de trabajadores que intente representar.
Los promedios se determinarán sobre los seis meses anteriores a
la solicitud.
Al reconocerse personería gremial la autoridad administrativa
del trabajo o judicial, deberá precisar el ámbito de representación personal y
territorial. Estos no excederán de los establecidos en los estatutos, pero
podrán ser reducidos si existiere superposición con otra asociación
sindical.
Cuando los ámbitos pretendidos se superpongan con los de otra
asociación sindical con personería gremial, no podrá reconocerse a la
peticionante la amplitud de representación, sin antes dar intervención a la
asociación afectada y proceder al cotejo necesario para determinar cuál es la
más representativa conforme al procedimiento del artículo 28. La omisión de los
recaudos indicados determinará la nulidad del acto administrativo o judicial.
Artículo 26.
— Cumplidos los recaudos, la autoridad
administrativa dictará resolución dentro de los noventa (90) días.
Artículo 27.
— Otorgada la personería gremial se inscribirá
la asociación en el registro que prevé esta ley, publicándose en el Boletín
Oficial, sin cargo, la resolución administrativa y los estatutos.
Artículo 28
. — En caso de que existiera una asociación
sindical de trabajadores con personería gremial, sólo podrá concederse igual
personería a otra asociación, para actuar en la misma zona y actividad o
categoría, en tanto que la cantidad de afiliados contizantes de la peticionante,
durante un período mínimo y continuado de seis (6) meses anteriores a su
presentación, fuere considerablemente superior a la de la asociación con
personería preexistente.
Presentado el requerimiento del mismo se dará traslado a la
asociación con personería gremial por el término de veinte (20) días, a fin de
que ejerza su defensa y ofrezca pruebas.
De la contestación se dará traslado por cinco (5) días a la
peticionante. Las pruebas se sustanciarán con el control de ambas asociaciones.
Cuando se resolviere otorgar la personería a la solicitante, la
que la poseía continuará como inscripta.
La personería peticionada se acordará sin necesidad del trámite
previsto en este artículo, cuando mediare conformidad expresa máximo órgano
deliberativo de la asociación que la poseía.
Artículo 29.
— Sólo podrá otorgarse personería a un
sindicato de empresa, cuando no obrare en la zona de actuación y en la actividad
o en la categoría una asociación sindical de primer grado o unión.
Artículo 30.
— Cuando la asociación sindical de
trabajadores con personería gremial invista la forma de unión, asociación o
sindicato de actividad y la peticionante hubiera adoptado la forma de sindicato
de oficio, profesión o categoría, la personería podrá concedérsele si existieran
intereses sindicales diferenciados como para justificar una representación
específica y se cumplimenten los requisitos exigidos por el artículo 25, y
siempre que la unión o sindicato preexistente no comprenda en su personería la
representación de dichos trabajadores.
Artículo 31.
— Son derechos exclusivos de la asociación
sindical con personería gremial:
a) Defender y representar ante el Estado y los empleadores los
intereses individuales y colectivos de los trabajadores;
b) Participar en instituciones de planificación y control de
conformidades con lo que dispongan las normas respectivas;
c) Intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el
cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social;
d) Colaborar con el Estado en el estudio y solución de los
problemas de los trabajadores;
e) Constituir patrimonios de afectación que tendrán los mismos
derechos que las cooperativas y mutualidades;
f) Administrar sus propias obras sociales y, según el caso,
participar en la administración de las creadas por ley o por convenciones
colectivas de trabajo.
IX. — De las federaciones y confederaciones
Artículo 32.
— Las federaciones y confederaciones más
representativas, adquirirán personería gremial en las condiciones del artículo
25.
Artículo 33.
— Se considerarán federaciones más
representativas, las que estén integradas por asociaciones de primer grado que
afilien a la mayor cantidad de los trabajadores contizantes comprendidos en su
ámbito
Se considerarán confederaciones más representativas las que
afilien a entidades con personería gremial que cuenten con la mayor cantidad de
trabajadores cotizantes.
Artículo 34.
— Las federaciones con personería gremial
podrán ejercer los derechos que la presente ley acuerde a las asociaciones de
primer grado con personería gremial, con las limitaciones que en relación los
respectivos sindicatos y federaciones establezcan los estatutos de las mismas.
Por su parte, las asociaciones de segundo y tercer grado podrán
representar a las entidades de grado inferior adheridas a ellas, en toda
tramitación de índole administrativa, pudiendo a tal efecto deducir y proseguir
los recursos que fuese conveniente interponer y adoptar las medidas que hubiere
menester para la mayor defensa de los derechos de las mismas.
Artículo 35.
— Las federaciones con personería gremial
podrán asumir la representación de los trabajadores de la actividad o categoría
por ellas representadas, en aquellas zonas o empresas donde no actuare una
asociación sindical de primer grado con personería gremial.
Artículo 36.
— El máximo órgano deliberativo de las
asociaciones sindicales de grado superior podrá disponer la intervención de las
de grado inferior solo cuando los estatutos consagren esta facultad y por las
causales que dichos estatutos determinen, garantizando el debido proceso. Esta
resolución será recurrible ante la Cámara nacional de Apelaciones del
Trabajo.
X. — Del patrimonio de las asociaciones sindicales
Artículo 37.
— El patrimonio de las asociaciones sindicales
de trabajadores estará constituido por:
a) Las cotizaciones ordinarias y extraordinarias de los
afiliados y contribuciones de solidaridad que pacten en los términos de la ley
de convenciones colectivas;
b) Los bienes adquiridos y sus frutos;
c) Las donaciones, legados, aportes y recursos no prohibidos
por esta.
Artículo 38.
— Los empleadores estarán obligados a actuar
como "agente de retención" de los importes que, en concepto de cuotas afiliación
u otros aportes deban tributar los trabajadores a las asociaciones sindicales de
trabajadores con personería gremial.
Para que la obligación indicada sea exigible, deberá mediar una
resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación,
disponiendo la retención. Esta resolución se adoptará a solicitud de la
asociación sindical interesada. El ministerio citado deberá pronunciarse dentro
de los treinta (30) días de recibida la misma. Si así no lo hiciere, se tendrá
por tácitamente dispuesta la retención.
El incumplimiento por parte del empleador de la obligación de
obrar como agente de retención, o - en su caso- de efectuar en tiempo propio el
pago de lo retenido, tornará a aquél en deudor directo. La mora en tal caso se
producirá de pleno derecho.
Artículo 39.
— Los actos y bienes de las asociaciones
sindicales con personería gremial destinados al ejercicio específico de las
funciones propias previstas en los artículos 5° y 23, estarán exentos de toda
clase, gravamen, contribución o impuesto. La exención es automática y por la
sola obtención de dicha personería gremial.
El Poder Ejecutivo Nacional gestionará con los gobiernos
provinciales por su intermedio de las municipalidades, que recepten en su
régimen fiscal el principio admitido en este artículo.
XI. — De la representación sindical en la empresa
Artículo 40.
— Los delegados del personal, las comisiones
internas y organismos similares, ejercerán en los lugares de trabajo según el
caso, en la sede de la empresa o del establecimiento al que estén afectados la
siguiente representación:
a) De los trabajadores ante el empleador, la autoridad
administrativa del trabajo cuando ésta actúa de oficio en los sitios mencionados
y ante la asociación sindical.
b) De la asociación sindical ante el empleador y el trabajador.
Artículo 41.
— Para ejercer las funciones indicadas en el
artículo 40 se requiere:
a) Estar afiliado a la respectiva asociación sindical con
personería gremial y ser elegido en comicios convocados por éstas, en el lugar
donde se presten los servicios o con relación al cual esté afectado y en horas
de trabajo, por el voto directo y secreto de los trabajadores cuya
representación deberá ejercer. La autoridad de aplicación podrá autorizar, a
pedido de la asociación sindical, la celebración en lugar y horas distintos,
cuando existiere circunstancias atendibles que lo justificaran.
Cuando con relación al empleador respecto del cual deberá obrar
el representante, no existiera una asociación sindical con personería gremial,
la función podrá ser cumplida por afiliados a una simplemente inscripta.
En todos los casos se deberá contar con una antigüedad mínima
en la afiliación de un (1) año:
b) Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo y revistar al
servicio de la empresa durante todo el año aniversario anterior a la elección.
En los establecimientos de reciente instalación no se exigirá
contar con una antigüedad mínima en el empleo. Lo mismo ocurrirá cuando por la
índole de la actividad en las que presten servicios los trabajadores a
representar la relación laboral comience y termine con la realización de la
obra, la ejecución del acto o la prestación de servicio para el que fueron
contratados o cuando el vínculo configure un contrato de trabajo de temporada.
Artículo 42.
— El mandato de los delegados no podrá exceder
de dos (2) años y podrá ser revocado mediante asamblea de sus mandantes
convocada por el órgano directivo de la asociación sindical, por propia decisión
o a petición del diez por ciento (10%) del total de los representados. Asimismo,
en el caso que lo prevean los estatutos el mandato de los delegados podrá ser
revocado por determinación votada por los dos tercios de la asamblea o del
congreso de la asociación sindical. El delegado cuestionado deberá tener la
posibilidad cierta de ejercitar su defensa.
Artículo 43.
— Quienes ejerzan las funciones a que se
refiere el artículo 40 de este ley, tendrán derecho a:
a) Verificar, la aplicación de las normas legales o
convencionales, pudiendo participar en las inspecciones que disponga la
autoridad administrativa del trabajo;
b) Reunirse periódicamente con el empleador o su representante;
c) Presentar ante los empleadores o sus representantes las
reclamaciones de los trabajadores en cuyo nombre actúen, previa autorización de
la asociación sindical respectiva.
Artículo 44.
— Sin perjuicio de lo acordado en convenciones
colectivas de trabajo, los empleadores estarán obligados a:
a) Facilitar un lugar para el desarrollo de las tareas de los
delegados del personal en la medida en que, habida cuenta de la cantidad de
trabajadores ocupados y la modalidad de la prestación de los servicios, las
características del establecimiento lo tornen necesarios;
b) Concretar las reuniones periódicas con esos delegados
asistiendo personalmente o haciéndose representar;
c) conceder a cada uno de los delegados del personal, para el
ejercicio de sus funciones, un crédito de horas mensuales retribuidas de
conformidad con lo que se disponga en la convención colectiva aplicable.
Artículo 45.
— A falta de normas en las convenciones
colectivas o en otros acuerdos, el número mínimo de los trabajadores que
representen la asociación profesional respectiva en cada establecimiento será:
a) De diez (10) a cincuenta (50) trabajadores, un (1)
representante;
b) De cincuenta y uno (51) a cien (100) trabajadores, dos (2)
representantes;
c) De ciento uno (101) en adelante, un (1) representante más
cada cien (100) trabajadores, que excedan de cien (100) a los que deberán
adicionarse los establecidos en el inciso anterior.
En los establecimientos que tengan más de un turno de trabajo
habrá un delegado por turno, como mínimo.
Cuando un representante sindical está compuesto por tres o más
trabajadores, funcionará como cuerpo colegiado.
Sus decisiones se adoptarán en la forma que determinen los
estatutos.
Artículo 46.
— La reglamentación de lo relativo a los
delegados del personal deberá posibilitar una adecuada tutela de los intereses y
derechos de los trabajadores teniendo en cuenta la diversidad de sectores,
turnos y demás circunstancias de hecho que hagan a la organización de la
explotación o del servicio.
XII. — De la tutela sindical
Artículo 47.
— Todo trabajador o asociación sindical que
fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la
libertad sindical garantizados por la presente ley, podrá recabar el amparo de
estos derechos ante el tribunal judicial competente, conforme al procedimiento
Civil y Comercial de la Nación o equivalente de los códigos procesales civiles
provinciales, a fin de que éste disponga, si correspondiere, el cese inmediato
del comportamiento antisindical.
Artículo 48.
— Los trabajadores que, por ocupar cargos
electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial,
en organismos que requieran representación gremial, o en cargos políticos en los
poderes públicos, dejarán de prestar servicios, tendrán derecho de gozar de
licencia automática sin goce de haberes, a la reserva del puesto y ser
reincorporado al finalizar el ejercicio de sus funciones, no pudiendo ser
despedidos durante el término de un (1) año a partir de la cesación de sus
mandatos, salvo que mediare justa causa de despido.
El tiempo de desempeño de dichas funciones, será considerado
período de trabajo a todos los efectos, excepto para determinar promedio de
remuneraciones.
Los representantes sindicales en la empresa elegidos de
conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la presente ley continuarán
prestando servicios y no podrán ser suspendidos, modificadas sus condiciones de
trabajo, ni despedidos durante el tiempo que dure el ejercicio de su mandato y
hasta un año más, salvo que mediare justa causa.
Artículo 49.
— Para que surta efecto la garantía antes
establecida se deberá observar los siguientes requisitos:
a) Que la designación se haya efectuado cumpliendo con los
recaudos legales;
b) Que haya sido comunicada al empleador. La comunicación se
probará mediante telegramas o cartas documento u otra forma escrita.
Artículo 50.
— A partir de su postulación para un cargo de
representación sindical, cualquiera sea dicha representación, el trabajador no
podrá ser suspendido sin justa causa, ni modificadas sus condiciones de trabajo,
por el término de seis (6) meses. Esta protección cesará para aquellos
trabajadores para cuya postulación no hubiere sido oficializada según el
procedimiento electoral aplicable y desde el momento de determinarse
definitivamente dicha falta de oficialización. La asociación sindical deberá
comunicar al empleador el nombre de los postulantes; lo propio podrán hacer los
candidatos.
Artículo 51.
— La estabilidad en el empleo no podrá ser
invocada en los casos de cesación de actividades del establecimiento o de
suspensión general de las tareas del mismo. Cuando no se trate de una suspensión
general de actividades, pero se proceda a reducir personal por vía de
suspensiones o despidos y deba atenderse al orden de antigüedades, se excluirá
para la determinación de ese orden a los trabajadores que se encuentren
amparados por la estabilidad instituida en esta ley.
Artículo 52.
— Los trabajadores amparados por las garantías
previstas en los artículos 40, 48 y 50 de la presente ley, no podrán ser
suspendidos, despedidos ni con relación a ellos podrán modificarse las
condiciones de trabajo, si no mediare resolución judicial previa que los excluya
de la garantía, conforme al procedimiento establecido en el artículo 47. El juez
o tribunal interviniente, a pedido el empleador, dentro del plazo de cinco (5)
días podrá disponer la suspensión de la prestación laboral con el carácter de
medida cautelar, cuando la permanencia del cuestionado en su puesto o en
mantenimiento de las condiciones de trabajo pudiere ocasionar peligro para la
seguridad de las personas o bienes de la empresa.
La violación por parte del empleador de las garantías
establecidas en los artículos citados en el párrafo anterior, dará derecho al
afectado a demandar judicialmente, por vía sumarísima, la reinstalación de su
puesto, con más los salarios caídos durante la tramitación judicial, o el
restablecimiento de las condiciones de trabajo.
Si se decidiere la reinstalación, el juez podrá aplicar al
empleador que no cumpliere con la decisión firme, las disposiciones del artículo
666 bis del Código Civil, durante el período de vigencia de su estabilidad.
El trabajador, salvo que se trate de un candidato no electo,
podrá optar por considerar extinguido el vínculo laboral en virtud de la
decisión del empleador, colocándose en situación de despido indirecto, en cuyo
caso tendrá derecho a percibir, además de indemnizaciones por despido, una suma
equivalente al importe de las remuneraciones que le hubieren correspondido
durante el tiempo faltante del mandato y el año de estabilidad posterior. Si el
trabajador fuese un candidato no electo tendrá derecho a percibir, además de las
indemnizaciones y de las remuneraciones imputables al período de estabilidad aún
no agotado, el importe de un año más de remuneraciones.
La promoción de las acciones por reinstalación o por
restablecimiento de las condiciones de trabajo a las que refieren los párrafos
anteriores interrumpe la prescripción de las acciones por cobro de indemnización
y salarios caídos allí previstas. El curso de la prescripción comenzará una vez
que recayere pronunciamiento firme en cualquiera de los supuestos.
XIII. — De las prácticas desleales
Artículo 53.
— Serán consideradas prácticas desleales y
contrarias a la ética de las relaciones profesionales del trabajo por parte de
los empleadores, o en su caso, de las asociaciones profesionales que los
represente:
a) Subvencionar en forma directa o indirecta a una asociación
sindical de trabajadores;
b) Intervenir o interferir en la constitución, funcionamiento o
administración de un ente de este tipo;
c) Obstruir, dificultar o impedir la afiliación de los
trabajadores a una de las asociaciones por ésta reguladas;
d) Promover o auspiciar la afiliación de los trabajadores a
determinada asociación sindical;
e) Adoptar represalias contra los trabajadores en razón de su
participación en medidas legítimas de acción sindical o en otras actividades
sindicales o de haber acusado, testimoniado o intervenido en los procedimientos
vinculados a juzgamiento de las prácticas desleales;
f) Rehusarse a negociar colectivamente con la asociación
sindical capacitada para hacerlo o provocar dilaciones que tiendan a obstruir el
proceso de negociación;
g) Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo
de su personal, con el fin de impedir o dificultar el ejercicio de los derechos
a que se refiere esta ley;
h) Negare a reservar el empleo o no permitir que el trabajador
reanude la prestación de los servicios cuando hubiese terminado de estar en uso
de la licencia por desempeño de funciones gremiales;
i) Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo
de los representantes sindicales que gocen de estabilidad de acuerdo con los
términos establecidos por este régimen cuando las causas del despido, suspensión
o modificación no sean de aplicación general o simultánea a todo el personal;
j) Practicar trato discriminatorio, cualquiera sea su forma, en
razón del ejercicio de los derechos sindicales tutelados por este régimen;
k) Negarse a suministrar la nómina del personal a los efectos
de la elección de los delegados del mismo en los lugares de trabajo.
Artículo 54.
— La asociación sindical de trabajadores o el
damnificado, conjunta o indistintamente, podrán promover querella por práctica
desleal ante el juez o tribunal competente.
Artículo 55.
—
1º — Las prácticas desleales se sancionarán con multas que
serán fijadas de acuerdo con los artículos 4 y siguiente de la ley N° 18.694 de
infracciones a las leyes de trabajo, salvo las modificaciones que aquí se
establecen.
En el supuesto de prácticas desleales múltiples, o de
reincidencia, la multa podrá elevarse hasta el quíntuplo del máximo previsto en
la ley N° 18.694.
2º — Cuando la práctica desleal fuera cometida por entidades
representativas de empleadores, la multa será fijada razonablemente por el juez
hasta un máximo del equivalente al veinte por ciento de los ingresos
provenientes de las cuotas que deban pagar los afiliados en el mes en que se
cometió la infracción.
Los importes de las multas serán actualizados a la fecha del
efectivo pago, de acuerdo con las disposiciones sobre índice de actualización de
los créditos laborales. Cuando la práctica desleal pudiera ser reparada mediante
el cese de la medida que la hubiere producido o la realización de los actos que
resulten idóneos, conforme a la decisión calificadora, y el infractor mantuviera
las medidas o dejare de cumplir los actos tendientes a la cesación de sus
efectos, el importe originario se incrementará automáticamente en un diez por
ciento por cada cinco días de mora, mientras se mantenga el incumplimiento del
empleador o entidad representativa de los empleadores.
Sin perjuicio de ello, el juez, a petición de parte, podrá
también aplicar lo dispuesto por el artículo 666 bis del Código Civil, quedando
los importes que así se establezcan en favor del damnificado.
3º — El importe de las multas será percibido por la autoridad
administrativa del trabajo, e ingresado en una cuenta especial, y será destinado
al mejoramiento de los servicios de inspección del trabajo, a cuyo fin la
autoridad administrativa tomará intervención en el expediente judicial, previa
citación del juez.
4º — Cuando la práctica desleal fuese reparada mediante el cese
de los actos motivantes, dentro del plazo que al efecto establezca la decisión
judicial, el importe de la sanción podrá reducirse hasta el cincuenta por
ciento.
XIV — De la autoridad de aplicación
Artículo 56.
— El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley y estará
facultado para:
1º Inscribir asociaciones, otorgarles personería gremial y
llevar los registros respectivos.
2º Requerir a las asociaciones sindicales que dejen sin efecto
las medidas que importen:
a) Violación de las disposiciones legales o estatutarias;
b) Incumplimiento a las disposiciones dictadas por la autoridad
competente en el ejercicio de facultades legales
3º Peticionar en sede judicial la suspensión o cancelación de
una personería gremial o la intervención de una asociación sindical, en los
siguientes supuestos:
a) Incumplimiento de las intimaciones a que se refiere el
inciso 2 de este artículo;
b) Cuando haya comprobado que en las asociaciones se ha
incurrido en graves irregularidades administrativas. En el proceso judicial será
parte de la asociación sindical afectada. No obstante lo antes prescripto,
cuando existiera peligro de serios perjuicios a la asociación sindical o a sus
miembros, solicitar judicialmente medidas cautelares a fin que se disponga la
suspensión en el ejercicio de sus funciones de quienes integran el órgano de
conducción y se designa un funcionario con facultades para ejercer los actos
conservatorios y de administración necesarios para subsanar las irregularidades
que determinen se adopte esa medida cautelar.
4º — Disponer la convocatoria a elecciones de los cuerpos que
en gobierno, la administración y la fiscalización de los actos que realicen
estos últimos, como así también ejecutar los demás actos que hubiere menester
para que mediante el proceso electoral se designen a los integrantes de esos
cuerpos. Al efecto asimismo podrán nombrar las personas que deban ejecutar esos
actos. Todo ello cuando el órgano de asociación facultado para ejecutarlo,
después que hubiese sido intimado para que lo hiciere, dentro de un lapso
determinado, incumpliera el requerimiento.
En caso de que se produjere un estado de acefalía con relación
a la comisión directiva de una asociación sindical de trabajadores o al órgano
que tenga asignadas las funciones propias de un cuerpo de conducción, y en tanto
en los estatutos de la asociación de que se trate o en los de la federación de
la que ésta forme parte, no se haya previsto el modo de regularizar la
situación, la autoridad de aplicación también podrá designar un funcionario para
que efectúe lo que sea necesaria o para regularizar la situación. Por su parte
si el órgano encargado de convocar a reunión del asamblea de la asociación o al
congreso de la misma, no lo hubiera hecho en el tiempo propio, y ese órgano no
de cumplimiento a la intimación que deberá cursársele para que lo efectúe, la
autoridad de aplicación estará facultada para hacerlo para adoptar las demás
medidas que correspondan para que la reunión tenga lugar.
Artículo 57.
— En tanto no se presente alguna de las
situaciones antes previstas, la autoridad administrativa del trabajo no podrá
intervenir en la dirección y administración de las asociaciones sindicales a que
se refiere esta ley, y en especial restringir el manejo de los fondos
sindicales.
Artículo 58.
— El control de las asociaciones sindicales,
aunque hubieren obtenido personería jurídica en virtud de las disposiciones del
derecho común, estará a cargo exclusivo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social de la Nación.
Artículo 59.
— Para someter las cuestiones de
encuadramiento sindical a la autoridad administrativa, las asociaciones
interesadas deberán agotar previamente la vía asociacional, mediante el
pronunciamiento de la organización gremial de grado superior a la que se
encuentren adheridas, o a la que estén adheridas las federaciones que integren.
Si el diferendo no hubiera sido resuelto dentro de los sesenta
(60) días hábiles, cualquiera de las asociaciones sindicales en conflicto, podrá
someter la cuestión a conocimiento y resolución del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de la Nación, el que deberá pronunciarse dentro de los sesenta
(60) días hábiles, rigiendo en caso de silencio lo dispuesto en el Artículo 10
de la Ley N° 19.549 y su reglamentación. Agotado el procedimiento
administrativo, quedará expedita la acción judicial prevista en el Artículo 62,
inciso e) de la presente Ley.
La resolución de encuadramiento, emana de la autoridad
administrativa del trabajo o de la vía asociacional, será directamente
recurrible ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
La resolución que ponga fin al conflicto de encuadramiento
sindical sólo tendrá por efecto determinar la aptitud representativa de la
asociación gremial respectiva con relación al ámbito en conflicto.
Artículo 60.
— Sin perjuicio de lo que dispongan los
estatutos, en los diferendos que puedan plantearse entre los afiliados a una
asociación sindical de trabajadores y éstas, o entre una asociación de grado
inferior y otra de grado superior será de aplicación lo dispuesto en el artículo
anterior.
Artículo 61.
— Todas las resoluciones definitivas de la
autoridad administrativa del trabajo en la materia regulada por esta ley, una
vez agotada la instancia administrativa, son impugnables ante la justicia, por
vías de recurso de apelación o de acción sumaria, según los casos, y en la forma
establecida en los artículos 62 y 63 de la presente ley.
Artículo 62.
— Será competencia exclusiva de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo conocer los siguientes casos:
a) Las acciones que promueva la autoridad administrativa del
trabajo;
b) Los recursos contra resoluciones administrativas definitivas
que decidan sobre el otorgamiento, de personería gremial, encuadramiento
sindical u otros actos administrativos de igual carácter, una vez agotada la
instancia administrativa;
c) La demanda por denegatoria tácita de una personería
gremial;
d) La demanda por denegatoria tácita de una inscripción;
e) Las acciones de encuadramiento sindical que se promuevan por
haber vencido el plazo establecido para que se pronuncie la autoridad
administrativa, sin que ésta lo hubiera hecho;
f) Los recursos previstos en el artículo 36 de esta ley.
Las actuaciones de los incisos a), c), d) y e) del párrafo
anterior se sustanciarán por las normas del proceso sumario del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.
En este proceso la Cámara podrá ordenar las medidas para mejor
proveer que considere convenientes. Asimismo proveerán la producción de las
pruebas ofrecidas por las partes que sean conducentes, pudiendo disponer su
recepción por el juzgado de primera instancia que corresponda, el que deberá
elevar las actuaciones dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de finalizada su
sustanciación.
Las acciones previstas en los incisos c) y d) de este artículo
deberán deducirse dentro de los ciento veinte (120) días hábiles del vencimiento
del plazo otorgado a la autoridad administrativa para resolver.
Tratándose de recursos, éstos deberán ser fundados e
interponerse ante la autoridad administrativa, dentro de los quince (15) días
hábiles de notificada la resolución. Dentro de los diez (10) días hábiles
contados desde la interposición del recurso, la autoridad administrativa, deberá
remitir a esa Cámara las respectivas actuaciones. Cuando la decisión recurrida
afecte los alcances de una personería, radicado el expediente en sede judicial,
deberá darse traslado a las asociaciones afectadas, por el término de cinco (5)
días.
Artículo 63.
—
1º — Los jueces o tribunales con competencia en lo laboral en
las respectivas jurisdicciones conocerán en:
a) Las cuestiones referentes a prácticas desleales;
b) Las acciones previstas en el artículo 52;
c) En las acciones previstas en el artículo 47.
2º — Estas acciones se sustanciarán por el procedimiento
sumario previsto en la legislación local.
Artículo 64.
— Las asociaciones sindicales deberán adecuar
sus estatutos a las disposiciones de la presente ley, dentro de los ciento
ochenta (180) días de publicada su reglamentación, la que deberá ser dictada
dentro de los noventa (90) días por el Poder Ejecutivo nacional.
Mientras no se realice la mencionada adecuación y su aprobación
por la autoridad administrativa, prevalecerán de pleno derecho las disposiciones
de la presente Ley sobre las normas estatutarias, en cuanto pudieren oponerse.
Artículo 65.
— La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación.
Artículo 66.
— Derógase la ley de facto 22.105 y toda otra
disposición que se oponga a la presente.
Artículo 67.
— Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos
Aires, a los veintitrés días del mes de marzo del año mil novecientos ochenta y
ocho.
E. DUHALDE.
|
-
|
V.H. MARTINEZ.
|
Carlos A. Bravo.
|
V
|
— Registrada bajo el N° 23.551 —
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